ESTIMADOS (AS) :
Hace pocos días celebramos el Día de las Encíclicas Sociales. En la oportunidad, Monseñor Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, expuso el tema : "El aporte de la Enseñanza social de la Iglesia frente a los desafíos de la Equidad"
Comparto con Uds, la exposición señalada:
Hace pocos días celebramos el Día de las Encíclicas Sociales. En la oportunidad, Monseñor Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, expuso el tema : "El aporte de la Enseñanza social de la Iglesia frente a los desafíos de la Equidad"
Comparto con Uds, la exposición señalada:
Estimados amigos y amigas,
Quisiera expresar mi gratitud al Departamento de Acción Social -DAS Nacional- y la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, y a la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago, por la invitación a celebrar el Día de las Encíclicas Sociales con este encuentro "Cultura de la Solidaridad y Equidad: ¿Utopía o Proyecto Posible?".
Nuestra Iglesia está llamada a ser discípula misionera de Jesucristo. Ello implica “asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino las tareas prioritarias que contribuyen a la dignificación de todo ser humano” (DA 384). Esto que se dice en Aparecida no es nuevo para nosotros, lo que nos desafía es hacerlo actual en medio de los profundos procesos de cambio que vive nuestra sociedad hoy.
Somos testigos de cómo se constituye una sociedad globalizada por la vía del desarrollo económico, tecnológico y de las comunicaciones, que muestra grandes progresos en algunos ámbitos del quehacer humano beneficiando a algunos sectores del planeta o de las sociedades nacionales. Y que, por otra parte, también presenta situaciones sociales, culturales y éticas inadmisibles que afectan a multitudes que quedan excluidas del desarrollo.
Estos procesos de cambio acelerado inciden directamente en la experiencia cotidiana de personas y comunidades, afectando sus condiciones y estilos de vida, las relaciones sociales y también el sentido trascendente, la relación con Dios y la vivencia de la fe.
Frente a este escenario, la Doctrina Social de la Iglesia ofrece principios rectores que tienen su centro en la Dignidad de la Persona Humana, hombre y mujer, fundada en el encuentro personal de Dios con el Hombre en la persona de Jesús.
La dignidad humana
El punto de partida de todo orden y forma de convivencia social es el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana, dignidad que proviene de la condición de hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza. Reconocer esta dignidad implica comprometerse con el respeto y promoción de los Derechos Humanos. Compromiso valorado por la Iglesia “como uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana” (Compendio de la DSI, 152). De allí que la organización social, las políticas públicas y el ordenamiento económico y político, deben incorporar esta perspectiva, que implica promover la dignidad humana a través del respeto de los DDHH concebidos integralmente, como eje transversal que marca toda la convivencia social.
El Principio Del Bien Común
“De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección».
El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral.” (Compendio DSI N° 164)
La responsabilidad de construir el bien común es una tarea de todas las personas y del Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la que es expresión, de manera que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. (…) El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable”. (Compendio DSI N° 168)
El Destino Universal De Los Bienes
Un segundo principio que no siempre es bien conocido –ni asumido- pero que está ligado indisolublemente al Bien Común es el del destino universal de los bienes. Ya desde el libro del Génesis se nos enseña que “Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Ésta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana”. (DSI 171)
La persona, en efecto, no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia; estos bienes le son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer, para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades a que está llamada. (Compendio DSI 171)
La riqueza, como resultado de un proceso productivo en el uso de los recursos disponibles, puede y debe estar guiada “por la inventiva, por la capacidad de proyección, por el trabajo de los hombres, y debe ser empleado como medio útil para promover el bienestar de los hombres y de los pueblos y para impedir su exclusión y explotación.” DSI 174
El principio del destino universal de los bienes nos invita a cultivar una visión de la economía basada en valores que permitan tener siempre presente el origen y la finalidad de los bienes, ya que sólo así la creación de la riqueza pueda asumir una función positiva. Esto no es posible sin un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y cada pueblo las condiciones necesarias de un desarrollo integral, de modo que todos puedan contribuir a la construcción de un mundo más humano, «donde cada uno pueda dar y recibir, y donde el progreso de unos no sea obstáculo para el desarrollo de otros ni un pretexto para su servidumbre».
El principio del destino universal de los bienes afirma, por una parte el pleno señorío de Dios sobre toda realidad, y por otra la exigencia de que los bienes de la creación sean destinados al desarrollo de todo el hombre y de la humanidad entera. Este principio no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentarlo. “La propiedad privada (…) es, en su esencia, sólo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y por tanto, en último análisis, un medio y no un fin”. (Compendio N° 178.)
La Opción Por Los Pobres
El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito se debe reafirmar, con toda su fuerza, la opción preferencial por los pobres.
La miseria humana es el signo evidente de la condición de debilidad del hombre y de su necesidad de salvación. De ella se compadeció Cristo Salvador, que se identificó con sus «hermanos más pequeños» (Mt 25, 40.45). «Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva "anunciada a los pobres" (Mt 11,5; Lc 4,18) es el signo de la presencia de Cristo». (Compendio DSI 183)
La caridad hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de amor fraterno; pero el amor fraterno no se puede reducir a la caridad como limosna, sino que implica atender a la dimensión social y política de la pobreza. Sobre esta relación entre caridad y justicia retorna constantemente la enseñanza de la Iglesia: “Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia”. (San Gregorio Magno, citado en el compendio DSI)
La Dignidad Del Trabajo Humano
Por otra parte, la Doctrina Social de la Iglesia ha tenido un especial cuidado por los derechos de los trabajadores que, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad.
En especial, el Magisterio de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos: el derecho a una justa remuneración; el derecho al descanso; el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral; el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo; el derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias; el derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral; el derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad; el derecho a reunirse y a asociarse. Estos derechos son frecuentemente desatendidos, como confirman los tristes fenómenos del trabajo infraremunerado, sin garantías ni representación adecuadas. Con frecuencia sucede que las condiciones de trabajo para hombres, mujeres y niños, especialmente en los países en vías de desarrollo, son tan inhumanas que ofenden su dignidad y dañan su salud. (Compendio DSI 301)
LOS DESAFIOS DE LA EQUIDAD EN EL ACTUAL ESCENARIO NACIONAL
Sin duda debemos reconocer importantes avances. Desde el inicio de la transición a la democracia, a principios de los años 90, Chile ha alcanzado logros significativos en materias políticas, económicas y sociales. Así lo demuestran indicadores como el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Según datos de la CEPAL[1], a la fecha, Chile es el único país de América Latina que ya alcanzó el Objetivo del Milenio propuesto por las Naciones Unidas para el 2015 de reducir a la mitad la pobreza. Del mismo modo, el PNUD sitúa a Chile entre los países con alto desarrollo humano, ocupando el lugar 40 en el ranking que considera 177 países, y el segundo lugar en la región después de Argentina.[2]
Creemos importante en este ámbito resaltar el consenso existente en el país respecto a la necesidad de enfrentar la inequidad, creando espacios de diálogo para generar propuestas que nos ayuden a avanzar hacia un desarrollo más inclusivo. Este ha sido el trabajo realizado por el Consejo Asesor Presidencial sobre Equidad y Trabajo. Esperamos que sus propuestas efectivamente se conviertan en políticas públicas que contribuyan a la superación de las desigualdades y que aquellos aspectos en que no se logro acuerdo, especialmente en materias de institucionalidad laboral, sigan siendo materia de diálogo, pues es dificultoso encontrar cominos hacia una convivencia más equitativa sin considerar un fortalecimiento de la organización de los trabajadores.
En un marco en que existen aspectos muy positivos, a nuestro país se le siguen planteando desafíos serios en materias sociales:
1. Pobreza que disminuye pero que persiste
Reconociendo los avances experimentados por el país, desde amplios sectores políticos y organismos de la sociedad civil se plantean, sin embargo, cuestionamientos de fondo al modelo de desarrollo del país. En materias sociales estos cuestionamientos tienen que ver la persistencia de altos niveles de pobreza en un contexto de alto crecimiento económico. De acuerdo a los datos oficiales entregados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 2006[3], la pobreza cayó desde un 18.7% de la población en 2003 a un 13.7% en 2006; y los indigentes diminuyeron desde 4,7% a 3,2% en el mismo lapso.
El problema es que de acuerdo a las estimaciones de la Fundación para la Superación de la Pobreza, los pobres son muchos más que los reconocidos por las estadísticas oficiales porque el criterio con que se los ha medido, la llamada línea de pobreza, está obsoleta. En consecuencia, si bien la pobreza y la indigencia han disminuido, lo que nos alegra. Los niveles de pobreza e indigencia parecen ser mayores que lo que indican las cifras oficiales. En todo caso, sea cual sea la medición de la pobreza se trata de millones de pobres que nos interpelan, especialmente mujeres, niños y pueblos indígenas.
En la coyuntura actual se suma la preocupación por el impacto que ya está teniendo en la calidad de vida de los más pobres la crisis alimentaria mundial, que en un contexto globalizado también afecta a nuestro país. En efecto, las alzas sostenidas de precios de los alimentos ya está impactando la economía de las familias más pobres, cuyo presupuesto se destina en un alto porcentaje al consumo de alimentos. Los expertos señalan que por esta vía lamentablemente se producirá un alza en los niveles de pobreza, ya que como sabemos ésta se mide precisamente considerando una línea de ingresos que se establece a partir de una canasta básica de alimentos. Frente a ello, desde ya llamamos a las autoridades y a los actores del mundo económico a buscar alternativas para enfrentar adecuadamente este fenómeno.
2. Desigualdad
No obstante, el problema más sustantivo del país se refiere a lo que los obispos hemos denunciado como las “diferencias sociales (…que…) alcanzan niveles escandalosos”[4], que caracterizan el desarrollo de la sociedad chilena como inequitativo, concentrador y excluyente. En los últimos años, y pese al aumento significativo del gasto social, la distribución de la riqueza ha mantenido una estructura extremadamente desigual: las cifras para el año 2006 indican que el 10% más rico de la población obtiene ingresos equivalentes a 31 veces más que los ingresos del 10% más pobre y que mientras el quintil más pobre de la población accede al 4.1% de los ingresos, el quintil más rico obtiene el 54.6% (coeficiente de GINI = 0.54).
Esta regresiva distribución de los ingresos es sólo una de las expresiones de una desigualdad estructural que también se manifiesta, entre otras realidades, en las oportunidades de acceso a educación de calidad, en las posibilidades de desarrollo de las diversas regiones de un país altamente centralizado, en la segregación urbana y en la inequidad que afecta a las mujeres. En definitiva, “Chile tiene una de las peores distribuciones del ingreso en un continente que tiene, a su vez, la peor distribución del mundo.”[5]
3. Realidad Laboral
Pobreza y desigualdad se relacionan con las condiciones laborales vigentes en Chile. La desigualdad de ingresos chilena se vincula con las diferencias de remuneración del trabajo asalariado. Más de un millón de chilenos -1.066.454 personas entre asalariados y no asalariados- ganan una cifra inferior o igual al ingreso mínimo líquido[6] y aún en los sectores más dinámicos de la economía, como el comercio y el forestal, predominan condiciones laborales precarias y adversas para los trabajadores, en términos del nivel de las remuneraciones, los horarios de trabajo, el acceso a previsión social, entre otras. Estas condiciones se ven agudizadas por la baja tasa de sindicalización, la debilidad de las organizaciones sindicales y una legislación que limita las posibilidades de negociación de los trabajadores.
4. El mundo político
En lo político, Chile vive una etapa de normalidad democrática. En el país incluso se han dado desarrollos significativos en este aspecto, que se reflejan en la elección, por primera vez en la historia chilena, de una mujer a la Presidencia de la República y en el surgimiento de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente con las autoridades. No obstante, es posible afirmar que en Chile el proceso de democratización aún presenta debilidades. Como temas de fondo se puede afirmar que la “sustentabilidad y el rendimiento de la democracia chilena están desafiados, entre otras cosas, por la oligarquización de sus élites dirigentes y su débil renovación generacional, por sus débiles vínculos con la producción de conocimientos autónomos, por la debilidad en la formulación de proyectos de largo plazo, y por la transformación de los partidos en máquinas puramente electorales.”[7]
Ello está asociado con el desprestigio de la clase política ante la población, como lo demuestran permanentemente los estudios de opinión pública, con su retracción a los espacios privados, con una baja adhesión a la democracia y un déficit de ciudadanía.
Efectivamente, según el Informe Latinobarómetro 2007[8], entre los 18 países latinoamericanos, los que registran una mayor adhesión al sistema democrático son Costa Rica con un 83 por ciento, Uruguay (75%), Bolivia y Venezuela (67%) y Ecuador (65%). La media regional se sitúa en 54%. Chile en cambio presenta sólo un 46% de apoyo a la democracia y un aumento de 13 a 21% de quienes se manifiestan a favor del autoritarismo, situación que los autores del estudio atribuyen a la “mala distribución del ingreso y a la ausencia de movilidad social.”
El mismo Informe confirma la existencia de un débil desarrollo de la participación ciudadana. La participación política y social, más allá de la asistencia a votar, (junto a la preocupación por el medioambiente) constituye una materia de segundo orden en el concepto que tienen los latinoamericanos de ciudadanía (pág. 54). Los indicadores de participación ciudadana utilizados por el estudio sitúan a Chile bajo el promedio regional y, en algunos casos, en los últimos lugares. Por ejemplo, la participación en organizaciones políticas y sociales tiene escasa importancia. Mientras a nivel regional, un 31% de los ciudadanos no ha participado nunca en ningún tipo de organización, en Chile esta proporción se eleva al 45% de la población, la más alta junto a la de Ecuador (52%).
5. Medioambiente y Desarrollo Sustentable
Además de las debilidades de carácter sociopolítico, existen crecientes cuestionamientos al costo ecológico de las principales actividades de la economía chilena, como la minería, el sector forestal y el pesquero, todas con impactos medioambientales severos que generan consecuencias adversas en el entorno natural y social y conflictos medioambientales que afectan más gravemente a las comunidades pobres. La política y la institucionalidad medioambiental hasta ahora no han conseguido garantizar un desarrollo sostenible que resuelva los conflictos entre los requerimientos del crecimiento económico y el cuidado del medioambiente.
6. La convivencia cotidiana
Todos hemos sido testigos de un deterioro de la convivencia cotidiana entre los chilenos, que afecta principalmente a los espacios más íntimos. La violencia intrafamiliar, especialmente contra niños y mujeres; la violencia en los barrios y en los estadios, la violencia delictual, son expresiones de una convivencia que en algunos sectores se hace muy difícil. Requerimos reconstituir las confianzas y trabajar por proyectos inclusivos, en que nos respetemos y podamos construir un futuro con sentido de colaboración y fraternidad.
Junto con constatar estas dificultades, reconocemos las experiencias positivas de preocupación por el prójimo y el cuidado del medioambiente, el compromiso serio de muchos por el servicio honesto al Bien Común, las experiencias solidarias de muchos jóvenes, las iniciativas de tantos organismos que trabajan por el desarrollo integral. Todas ellas son signos de esperanza que no siempre son reconocidos por lo medios de comunicación y que pueden ser semilla de una forma de convivencia más fraterna.
Como Iglesia estamos llamados a colaborar en un desarrollo del país en que se promueva y respete la dignidad de cada persona, debemos hacernos cargo de estas realidades y para ello necesitamos contar con la participación de todos –hombres y mujeres- para “trabajar junto a los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano” (DA 384).
Esperamos que estos desafíos estén presentes en el diseño de las políticas públicas, que sean contenido fundamental de los eventos electorales que se avecinan y que sean asumidos como tareas que interpelan también a la sociedad civil y al mundo empresarial, como responsabilidad nacional que cobra especial vigencia en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional, que nos preparamos a celebrar.
Para ello contamos con la riqueza y vigencia de las enseñanzas de la Encíclicas Sociales, que son fuente inspiradora y orientadora para avanzar hacia una cultura de la solidaridad y desarrollo humano integral, más justo e inclusivo.
Muchas gracias.
Santiago, 15 de mayo de 2008
“De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección».
El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral.” (Compendio DSI N° 164)
La responsabilidad de construir el bien común es una tarea de todas las personas y del Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la que es expresión, de manera que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. (…) El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable”. (Compendio DSI N° 168)
El Destino Universal De Los Bienes
Un segundo principio que no siempre es bien conocido –ni asumido- pero que está ligado indisolublemente al Bien Común es el del destino universal de los bienes. Ya desde el libro del Génesis se nos enseña que “Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Ésta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana”. (DSI 171)
La persona, en efecto, no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia; estos bienes le son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer, para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades a que está llamada. (Compendio DSI 171)
La riqueza, como resultado de un proceso productivo en el uso de los recursos disponibles, puede y debe estar guiada “por la inventiva, por la capacidad de proyección, por el trabajo de los hombres, y debe ser empleado como medio útil para promover el bienestar de los hombres y de los pueblos y para impedir su exclusión y explotación.” DSI 174
El principio del destino universal de los bienes nos invita a cultivar una visión de la economía basada en valores que permitan tener siempre presente el origen y la finalidad de los bienes, ya que sólo así la creación de la riqueza pueda asumir una función positiva. Esto no es posible sin un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y cada pueblo las condiciones necesarias de un desarrollo integral, de modo que todos puedan contribuir a la construcción de un mundo más humano, «donde cada uno pueda dar y recibir, y donde el progreso de unos no sea obstáculo para el desarrollo de otros ni un pretexto para su servidumbre».
El principio del destino universal de los bienes afirma, por una parte el pleno señorío de Dios sobre toda realidad, y por otra la exigencia de que los bienes de la creación sean destinados al desarrollo de todo el hombre y de la humanidad entera. Este principio no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentarlo. “La propiedad privada (…) es, en su esencia, sólo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y por tanto, en último análisis, un medio y no un fin”. (Compendio N° 178.)
La Opción Por Los Pobres
El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito se debe reafirmar, con toda su fuerza, la opción preferencial por los pobres.
La miseria humana es el signo evidente de la condición de debilidad del hombre y de su necesidad de salvación. De ella se compadeció Cristo Salvador, que se identificó con sus «hermanos más pequeños» (Mt 25, 40.45). «Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva "anunciada a los pobres" (Mt 11,5; Lc 4,18) es el signo de la presencia de Cristo». (Compendio DSI 183)
La caridad hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de amor fraterno; pero el amor fraterno no se puede reducir a la caridad como limosna, sino que implica atender a la dimensión social y política de la pobreza. Sobre esta relación entre caridad y justicia retorna constantemente la enseñanza de la Iglesia: “Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia”. (San Gregorio Magno, citado en el compendio DSI)
La Dignidad Del Trabajo Humano
Por otra parte, la Doctrina Social de la Iglesia ha tenido un especial cuidado por los derechos de los trabajadores que, como todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad.
En especial, el Magisterio de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de ellos, indicando la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos: el derecho a una justa remuneración; el derecho al descanso; el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral; el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo; el derecho a subsidios adecuados e indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias; el derecho a la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral; el derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad; el derecho a reunirse y a asociarse. Estos derechos son frecuentemente desatendidos, como confirman los tristes fenómenos del trabajo infraremunerado, sin garantías ni representación adecuadas. Con frecuencia sucede que las condiciones de trabajo para hombres, mujeres y niños, especialmente en los países en vías de desarrollo, son tan inhumanas que ofenden su dignidad y dañan su salud. (Compendio DSI 301)
LOS DESAFIOS DE LA EQUIDAD EN EL ACTUAL ESCENARIO NACIONAL
Sin duda debemos reconocer importantes avances. Desde el inicio de la transición a la democracia, a principios de los años 90, Chile ha alcanzado logros significativos en materias políticas, económicas y sociales. Así lo demuestran indicadores como el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Según datos de la CEPAL[1], a la fecha, Chile es el único país de América Latina que ya alcanzó el Objetivo del Milenio propuesto por las Naciones Unidas para el 2015 de reducir a la mitad la pobreza. Del mismo modo, el PNUD sitúa a Chile entre los países con alto desarrollo humano, ocupando el lugar 40 en el ranking que considera 177 países, y el segundo lugar en la región después de Argentina.[2]
Creemos importante en este ámbito resaltar el consenso existente en el país respecto a la necesidad de enfrentar la inequidad, creando espacios de diálogo para generar propuestas que nos ayuden a avanzar hacia un desarrollo más inclusivo. Este ha sido el trabajo realizado por el Consejo Asesor Presidencial sobre Equidad y Trabajo. Esperamos que sus propuestas efectivamente se conviertan en políticas públicas que contribuyan a la superación de las desigualdades y que aquellos aspectos en que no se logro acuerdo, especialmente en materias de institucionalidad laboral, sigan siendo materia de diálogo, pues es dificultoso encontrar cominos hacia una convivencia más equitativa sin considerar un fortalecimiento de la organización de los trabajadores.
En un marco en que existen aspectos muy positivos, a nuestro país se le siguen planteando desafíos serios en materias sociales:
1. Pobreza que disminuye pero que persiste
Reconociendo los avances experimentados por el país, desde amplios sectores políticos y organismos de la sociedad civil se plantean, sin embargo, cuestionamientos de fondo al modelo de desarrollo del país. En materias sociales estos cuestionamientos tienen que ver la persistencia de altos niveles de pobreza en un contexto de alto crecimiento económico. De acuerdo a los datos oficiales entregados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 2006[3], la pobreza cayó desde un 18.7% de la población en 2003 a un 13.7% en 2006; y los indigentes diminuyeron desde 4,7% a 3,2% en el mismo lapso.
El problema es que de acuerdo a las estimaciones de la Fundación para la Superación de la Pobreza, los pobres son muchos más que los reconocidos por las estadísticas oficiales porque el criterio con que se los ha medido, la llamada línea de pobreza, está obsoleta. En consecuencia, si bien la pobreza y la indigencia han disminuido, lo que nos alegra. Los niveles de pobreza e indigencia parecen ser mayores que lo que indican las cifras oficiales. En todo caso, sea cual sea la medición de la pobreza se trata de millones de pobres que nos interpelan, especialmente mujeres, niños y pueblos indígenas.
En la coyuntura actual se suma la preocupación por el impacto que ya está teniendo en la calidad de vida de los más pobres la crisis alimentaria mundial, que en un contexto globalizado también afecta a nuestro país. En efecto, las alzas sostenidas de precios de los alimentos ya está impactando la economía de las familias más pobres, cuyo presupuesto se destina en un alto porcentaje al consumo de alimentos. Los expertos señalan que por esta vía lamentablemente se producirá un alza en los niveles de pobreza, ya que como sabemos ésta se mide precisamente considerando una línea de ingresos que se establece a partir de una canasta básica de alimentos. Frente a ello, desde ya llamamos a las autoridades y a los actores del mundo económico a buscar alternativas para enfrentar adecuadamente este fenómeno.
2. Desigualdad
No obstante, el problema más sustantivo del país se refiere a lo que los obispos hemos denunciado como las “diferencias sociales (…que…) alcanzan niveles escandalosos”[4], que caracterizan el desarrollo de la sociedad chilena como inequitativo, concentrador y excluyente. En los últimos años, y pese al aumento significativo del gasto social, la distribución de la riqueza ha mantenido una estructura extremadamente desigual: las cifras para el año 2006 indican que el 10% más rico de la población obtiene ingresos equivalentes a 31 veces más que los ingresos del 10% más pobre y que mientras el quintil más pobre de la población accede al 4.1% de los ingresos, el quintil más rico obtiene el 54.6% (coeficiente de GINI = 0.54).
Esta regresiva distribución de los ingresos es sólo una de las expresiones de una desigualdad estructural que también se manifiesta, entre otras realidades, en las oportunidades de acceso a educación de calidad, en las posibilidades de desarrollo de las diversas regiones de un país altamente centralizado, en la segregación urbana y en la inequidad que afecta a las mujeres. En definitiva, “Chile tiene una de las peores distribuciones del ingreso en un continente que tiene, a su vez, la peor distribución del mundo.”[5]
3. Realidad Laboral
Pobreza y desigualdad se relacionan con las condiciones laborales vigentes en Chile. La desigualdad de ingresos chilena se vincula con las diferencias de remuneración del trabajo asalariado. Más de un millón de chilenos -1.066.454 personas entre asalariados y no asalariados- ganan una cifra inferior o igual al ingreso mínimo líquido[6] y aún en los sectores más dinámicos de la economía, como el comercio y el forestal, predominan condiciones laborales precarias y adversas para los trabajadores, en términos del nivel de las remuneraciones, los horarios de trabajo, el acceso a previsión social, entre otras. Estas condiciones se ven agudizadas por la baja tasa de sindicalización, la debilidad de las organizaciones sindicales y una legislación que limita las posibilidades de negociación de los trabajadores.
4. El mundo político
En lo político, Chile vive una etapa de normalidad democrática. En el país incluso se han dado desarrollos significativos en este aspecto, que se reflejan en la elección, por primera vez en la historia chilena, de una mujer a la Presidencia de la República y en el surgimiento de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente con las autoridades. No obstante, es posible afirmar que en Chile el proceso de democratización aún presenta debilidades. Como temas de fondo se puede afirmar que la “sustentabilidad y el rendimiento de la democracia chilena están desafiados, entre otras cosas, por la oligarquización de sus élites dirigentes y su débil renovación generacional, por sus débiles vínculos con la producción de conocimientos autónomos, por la debilidad en la formulación de proyectos de largo plazo, y por la transformación de los partidos en máquinas puramente electorales.”[7]
Ello está asociado con el desprestigio de la clase política ante la población, como lo demuestran permanentemente los estudios de opinión pública, con su retracción a los espacios privados, con una baja adhesión a la democracia y un déficit de ciudadanía.
Efectivamente, según el Informe Latinobarómetro 2007[8], entre los 18 países latinoamericanos, los que registran una mayor adhesión al sistema democrático son Costa Rica con un 83 por ciento, Uruguay (75%), Bolivia y Venezuela (67%) y Ecuador (65%). La media regional se sitúa en 54%. Chile en cambio presenta sólo un 46% de apoyo a la democracia y un aumento de 13 a 21% de quienes se manifiestan a favor del autoritarismo, situación que los autores del estudio atribuyen a la “mala distribución del ingreso y a la ausencia de movilidad social.”
El mismo Informe confirma la existencia de un débil desarrollo de la participación ciudadana. La participación política y social, más allá de la asistencia a votar, (junto a la preocupación por el medioambiente) constituye una materia de segundo orden en el concepto que tienen los latinoamericanos de ciudadanía (pág. 54). Los indicadores de participación ciudadana utilizados por el estudio sitúan a Chile bajo el promedio regional y, en algunos casos, en los últimos lugares. Por ejemplo, la participación en organizaciones políticas y sociales tiene escasa importancia. Mientras a nivel regional, un 31% de los ciudadanos no ha participado nunca en ningún tipo de organización, en Chile esta proporción se eleva al 45% de la población, la más alta junto a la de Ecuador (52%).
5. Medioambiente y Desarrollo Sustentable
Además de las debilidades de carácter sociopolítico, existen crecientes cuestionamientos al costo ecológico de las principales actividades de la economía chilena, como la minería, el sector forestal y el pesquero, todas con impactos medioambientales severos que generan consecuencias adversas en el entorno natural y social y conflictos medioambientales que afectan más gravemente a las comunidades pobres. La política y la institucionalidad medioambiental hasta ahora no han conseguido garantizar un desarrollo sostenible que resuelva los conflictos entre los requerimientos del crecimiento económico y el cuidado del medioambiente.
6. La convivencia cotidiana
Todos hemos sido testigos de un deterioro de la convivencia cotidiana entre los chilenos, que afecta principalmente a los espacios más íntimos. La violencia intrafamiliar, especialmente contra niños y mujeres; la violencia en los barrios y en los estadios, la violencia delictual, son expresiones de una convivencia que en algunos sectores se hace muy difícil. Requerimos reconstituir las confianzas y trabajar por proyectos inclusivos, en que nos respetemos y podamos construir un futuro con sentido de colaboración y fraternidad.
Junto con constatar estas dificultades, reconocemos las experiencias positivas de preocupación por el prójimo y el cuidado del medioambiente, el compromiso serio de muchos por el servicio honesto al Bien Común, las experiencias solidarias de muchos jóvenes, las iniciativas de tantos organismos que trabajan por el desarrollo integral. Todas ellas son signos de esperanza que no siempre son reconocidos por lo medios de comunicación y que pueden ser semilla de una forma de convivencia más fraterna.
Como Iglesia estamos llamados a colaborar en un desarrollo del país en que se promueva y respete la dignidad de cada persona, debemos hacernos cargo de estas realidades y para ello necesitamos contar con la participación de todos –hombres y mujeres- para “trabajar junto a los demás ciudadanos e instituciones en bien del ser humano” (DA 384).
Esperamos que estos desafíos estén presentes en el diseño de las políticas públicas, que sean contenido fundamental de los eventos electorales que se avecinan y que sean asumidos como tareas que interpelan también a la sociedad civil y al mundo empresarial, como responsabilidad nacional que cobra especial vigencia en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional, que nos preparamos a celebrar.
Para ello contamos con la riqueza y vigencia de las enseñanzas de la Encíclicas Sociales, que son fuente inspiradora y orientadora para avanzar hacia una cultura de la solidaridad y desarrollo humano integral, más justo e inclusivo.
Muchas gracias.
Santiago, 15 de mayo de 2008
[1] Panorama Social de América Latina y El Caribe, CEPAL, 2007.
[2] Informe Desarrollo Humano, PNUD, 2007.
[3] Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2007.
[4] Ver “Hemos visto al Señor…”. Declaración de la Asamblea Plenaria de Obispos, Punta de Tralca, 22 de abril de 2005.
[5] Güell, Pedro. Desarrollo Humano y Ciudadanía en Chile: Los nuevos desafíos. En POLIS, Revista On Line de la Universidad Bolivariana. Volumen 4, número 12 , 2005. Consultar en http://www.revistapolis.cl/12/guell.htm, pág. 5
[6] Encuesta CASEN 2006, MIDEPLAN 2007
[7] Güell, Pedro. Op. Cit. Pág. 2
[8] Disponible en www.latinobarometro.org
